El Portavoz

La voz de los hechos

Vol. IV · Núm. 487
México

Harfuch vincula a Samuel García Rivero con filtraciones al crimen organizado

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que Samuel García Rivero presuntamente compartió información sensible de Carlos Manzo con el CJNG.

Redacción El Portavoz
Foto: sdpnoticias.com

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló este viernes que Samuel García Rivero habría facilitado información confidencial sobre la agenda de actividades de Carlos Manzo a integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Según las investigaciones preliminares presentadas por la SSPC, esta filtración de datos de seguridad permitió al grupo delictivo conocer movimientos estratégicos, comprometiendo directamente la integridad de Manzo en la región.

La dependencia federal detalló que el detenido mantenía una relación cercana con el círculo operativo del exalcalde de Uruapan. La captura de García Rivero se llevó a cabo tras labores de inteligencia desarrolladas en los últimos meses por elementos de la Guardia Nacional en coordinación con las fuerzas estatales, quienes lograron interceptar comunicaciones clave que vinculan al sospechoso con la estructura operativa del CJNG en Michoacán.

Durante la presentación del informe de seguridad, las autoridades federales enfatizaron que el intercambio de información entre funcionarios locales y grupos delictivos representa uno de los principales obstáculos para el restablecimiento de la paz en la zona. La investigación continúa abierta para determinar el alcance total de la red de complicidades que pudo haberse formado al interior de las administraciones municipales previas.

Por su parte, el equipo de comunicación de la Secretaría de Seguridad indicó que se fortalecerán los protocolos de control interno para evitar que servidores públicos utilicen su posición para favorecer a organizaciones criminales. El caso ha sido turnado a la Fiscalía General de la República, institución que determinará la responsabilidad jurídica del implicado conforme a los elementos probatorios recabados durante el proceso de captura y el posterior análisis de dispositivos electrónicos asegurados.

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