Investigan a seis presidentes municipales en Oaxaca por presuntos nexos delictivos

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó este martes la apertura de carpetas de investigación contra al menos seis presidentes municipales de la entidad. Las indagatorias surgen a raíz de las pesquisas derivadas del reciente caso registrado en el municipio de Juchitán de Zaragoza, donde autoridades estatales y federales detectaron irregularidades en la administración local y posibles vínculos con la delincuencia organizada.

El fiscal general del estado informó que las investigaciones se centran en el análisis de las operaciones financieras y las actividades de seguridad pública en estos municipios. La dependencia trabaja en coordinación con instancias federales para determinar si existen elementos suficientes que acrediten la participación de los funcionarios públicos en actividades ilícitas o en la omisión de sus funciones constitucionales.

Este despliegue se enmarca en una estrategia más amplia para fortalecer el Estado de derecho en las regiones con mayor índice de violencia en Oaxaca. La Fiscalía ha señalado que no habrá tolerancia para ninguna autoridad que comprometa la seguridad de los ciudadanos o que colabore con estructuras criminales, independientemente de su filiación política o cargo administrativo.

Por su parte, el gobierno estatal ha reiterado su compromiso de colaborar con la Fiscalía General de la República en caso de que los delitos detectados sean de competencia federal. El Poder Ejecutivo local ha solicitado que los procesos se lleven a cabo con apego irrestricto a la ley, garantizando el debido proceso para los funcionarios implicados mientras se aclaran los hechos señalados.

La ciudadanía oaxaqueña ha manifestado su preocupación ante el posible alcance de estas investigaciones en la estructura municipal. Las autoridades estatales hicieron un llamado a la calma y aseguraron que se mantendrá la presencia de la Guardia Nacional y la policía estatal en los municipios afectados para garantizar la continuidad de los servicios públicos básicos durante el desarrollo de las diligencias.