Nómina absorbe más de la mitad del presupuesto solicitado por el INE
El Instituto Nacional Electoral proyecta un presupuesto de 14 mil 36 millones de pesos para 2027, donde el gasto operativo y salarial representa el rubro principal.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha definido su propuesta presupuestaria para el ejercicio fiscal 2027, solicitando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un monto total de 14 mil 36 millones de pesos. De acuerdo con los documentos internos del organismo, más del 50 por ciento de estos recursos serán destinados exclusivamente al pago de la nómina de su estructura administrativa y operativa a nivel nacional.
Esta proyección de gasto refleja el peso que mantienen las obligaciones laborales dentro del presupuesto del órgano electoral autónomo. La asignación de recursos destinados a salarios y prestaciones constituye la partida más significativa, superando los costos operativos relacionados con la organización de procesos electorales o la actualización del padrón electoral durante el próximo ciclo presupuestal.
La solicitud será presentada formalmente ante la Cámara de Diputados en los próximos meses, donde deberá ser discutida y aprobada como parte del Presupuesto de Egresos de la Federación. El equipo administrativo del INE ha señalado que este requerimiento busca garantizar la continuidad operativa de las juntas locales y distritales, así como el cumplimiento de las condiciones contractuales vigentes para su plantilla laboral.
El debate sobre la eficiencia del gasto en las instituciones autónomas ha sido un tema recurrente en el Congreso de la Unión. Legisladores han adelantado que revisarán minuciosamente los tabuladores salariales y los gastos de operación, con el objetivo de evaluar si la carga administrativa del instituto puede optimizarse para destinar mayores recursos a las tareas sustantivas de la democracia mexicana.
Finalmente, el INE mantiene su postura de que este presupuesto es el mínimo indispensable para operar bajo los estándares de certeza y legalidad que exige la ley. La resolución final sobre estos 14 mil 36 millones de pesos quedará en manos de los diputados federales, quienes tienen la última palabra sobre la distribución de los recursos públicos para el año entrante.
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