Partido Verde cuestiona el regreso de Rubén Rocha Moya al gobierno

El senador Manuel Velasco, integrante de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), calificó este sábado como una decisión imprudente el retorno de Rubén Rocha Moya a sus funciones como gobernador de Sinaloa. El legislador enfatizó que, ante el clima de tensión que persiste en la entidad, el partido ha decidido desmarcarse oficialmente de esta determinación política.

Desde el Senado de la República, el grupo parlamentario del PVEM subrayó que la situación en Sinaloa requiere una conducción política que genere consensos y estabilidad, elementos que, a su juicio, no se garantizan con la reincorporación del mandatario estatal. Voceros de la bancada señalaron que la prioridad debe ser la seguridad pública y la gobernabilidad, por encima de los intereses particulares de los actores políticos involucrados.

El pronunciamiento de Manuel Velasco ocurre en un momento en que la entidad atraviesa desafíos significativos en materia de seguridad, los cuales han sido objeto de análisis en la Cámara Alta durante las últimas sesiones. El Partido Verde reiteró su postura de mantener una línea crítica frente a las decisiones que, desde su perspectiva, podrían complicar la coordinación con las autoridades federales y los esfuerzos de pacificación que se implementan en la región.

Hasta el momento, no se ha emitido una respuesta oficial por parte del equipo de comunicación del gobernador Rocha Moya respecto a estos señalamientos. Mientras tanto, las actividades legislativas en el Congreso de la Unión continúan enfocadas en el seguimiento a los reportes de seguridad en el norte del país, manteniendo una vigilancia estrecha sobre los acontecimientos en las entidades federativas con mayores índices de violencia.

Esta postura del Partido Verde marca una diferencia notable en la dinámica de la coalición gobernante en el ámbito legislativo. El bloque parlamentario ha insistido en que su compromiso principal es con la ciudadanía y la estabilidad institucional, lo que los obliga a cuestionar cualquier acción gubernamental que consideren riesgosa para el orden social en los estados.