Reforman ley en CDMX para retirar infraestructura urbana en desuso
La reciente modificación a la Ley de Protección Civil obliga a empresas y dependencias a retirar cables y estructuras abandonadas en la capital.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a la Ley de Protección Civil que establecen la obligación legal de retirar infraestructura pasiva en desuso. Esta medida busca eliminar cables, postes y equipos de comunicación abandonados que representan un riesgo latente para la seguridad de los peatones y la integridad de las edificaciones en las dieciséis alcaldías de la capital durante la temporada de lluvias y fuertes vientos.
La normativa define a la infraestructura pasiva como todo aquel mobiliario urbano instalado para servicios de telecomunicaciones o energía que ya no cumple una función activa. Con este marco jurídico, las empresas concesionarias y las dependencias públicas deberán realizar un inventario de sus instalaciones y proceder al desmantelamiento de aquellos elementos que carezcan de utilidad técnica o que presenten un deterioro avanzado.
Autoridades locales han señalado que la acumulación de cableado aéreo y estructuras metálicas oxidadas ha sido una demanda constante de los vecinos en diversas colonias de la Ciudad de México. La reforma otorga facultades a las autoridades de Protección Civil para supervisar los retiros y sancionar a las entidades que incumplan con los plazos establecidos para la limpieza de los espacios públicos.
El proceso de implementación se llevará a cabo de manera gradual, iniciando por las zonas con mayor densidad de infraestructura obsoleta detectada en los dictámenes técnicos recientes. Se espera que las empresas del sector telecomunicaciones coordinen sus cronogramas de trabajo con las secretarías correspondientes para evitar afectaciones mayores en los servicios esenciales de la ciudadanía durante los operativos de retiro.
Esta reforma es vista por diversos colectivos urbanos como un avance hacia la recuperación del paisaje urbano y la prevención de accidentes. La nueva legislación pretende evitar que el exceso de cables y estructuras en mal estado continúe siendo un factor de riesgo en la infraestructura pública de la metrópoli.
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