Salomón Jara solicita disolución del ayuntamiento de Juchitán tras detenciones

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, envió este viernes una solicitud formal al Congreso del Estado para declarar la desaparición del ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza. Esta medida, planteada como una necesidad para restablecer el orden público, surge tras la reciente detención del presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano, ocurrida en días pasados por autoridades estatales.

La propuesta del mandatario estatal busca que la legislatura local intervenga en la administración municipal para evitar un vacío de poder que afecte la gobernabilidad de la región del Istmo de Tehuantepec. Según lo expuesto por el equipo de comunicación del gobierno estatal, la solicitud incluye la designación de un consejo municipal interino que se encargue de la gestión administrativa y la prestación de servicios básicos mientras se determina la situación jurídica de la administración actual.

La detención de Sánchez Altamirano ha generado incertidumbre entre los habitantes de Juchitán, quienes han observado una mayor presencia de elementos de seguridad pública en las inmediaciones del palacio municipal. La administración estatal ha hecho un llamado a la calma y ha garantizado que, de aprobarse la solicitud, se dará prioridad a la continuidad de los Programas de Bienestar y las obras de infraestructura que se desarrollan en la zona.

El Congreso de Oaxaca deberá ahora analizar la petición bajo los procedimientos legales vigentes en la entidad. La Secretaría de Gobierno se mantendrá atenta al proceso legislativo, mientras se mantiene comunicación constante con los sectores sociales de Juchitán para prevenir conflictos derivados de la crisis política en el municipio.

Se espera que en las próximas horas se convoque a una sesión extraordinaria para discutir la viabilidad de la desaparición de poderes y la posible integración de una autoridad provisional. Mientras tanto, las actividades municipales permanecen bajo un estricto monitoreo de las autoridades estatales para asegurar el cumplimiento de la ley y la tranquilidad de la ciudadanía.