SCJN asegura gestión austera sin privilegios ni lujos innecesarios
El Poder Judicial sostiene que sus operaciones actuales se mantienen bajo criterios de austeridad, rechazando la existencia de gastos superfluos en su funcionamiento administrativo.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Alfredo Ortiz Mena, subrayó este lunes que el máximo tribunal del país opera bajo estrictos criterios de austeridad, desestimando las versiones que señalan la existencia de excesos en su administración. Durante una intervención reciente, el juzgador enfatizó que dentro de la institución no existe una política de dispendio ni una intención de retomar esquemas de gastos suntuosos, asegurando que los recursos se destinan exclusivamente a las funciones jurisdiccionales necesarias para garantizar la justicia en México.
El posicionamiento del ministro se da en un contexto donde el Poder Judicial ha sido objeto de diversos debates públicos respecto a su estructura presupuestal. Al respecto, el integrante de la Corte puntualizó que la administración interna se rige por principios de racionalidad, buscando optimizar los recursos públicos asignados por el Congreso de la Unión mediante la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, conforme a las leyes vigentes de disciplina financiera.
El representante del Poder Judicial reiteró que la SCJN mantiene su compromiso con la transparencia en el uso de los fondos públicos, distanciándose de las críticas sobre supuestos privilegios. Según lo expuesto, la institución ha implementado mecanismos de control interno para asegurar que cada peso ejercido contribuya directamente a la eficacia del sistema judicial, manteniendo una postura de sobriedad en sus gastos operativos diarios.
Finalmente, el ministro destacó que la Corte continúa su labor institucional enfocada en el fortalecimiento del Estado de derecho, evitando caer en dinámicas de gasto que no estén justificadas bajo las necesidades del servicio público de impartición de justicia. La postura busca clarificar ante la opinión pública que las actividades del tribunal superior se desarrollan bajo un marco de austeridad republicana, descartando cualquier retroceso en las políticas de contención de gastos implementadas en años recientes.
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